Desde 2018, disponer de un canal denuncia en tu organización puede eximirte de ciertas responsabilidades penales derivadas de las irregularidades que puedan cometerse. Además, próximamente, este instrumento pro-transparencia será obligatorio en las empresas por mandato europeo.
¿Si fueras testigo de algún tipo de irregularidad en tu lugar de trabajo, la denunciarias? El 81% de los encuestados en el Eurobarómetro Especial sobre corrupción de 2017 no lo haría. No es difícil imaginarse por qué. Las represalias y persecuciones que esto conlleva ponen en riesgo tu estabilidad laboral, financiera, emocional y personal. Por eso, la anonimidad de estas denuncias se ha convertido en una necesidad en una sociedad que aboga por la transparencia y que, tras los últimos grandes escándalos destapados, se ha manifestado en contra de este tipo de prácticas ilícitas. Ejemplos internacionales de ello son los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica, pero son numerosos los casos de personas en nuestro país que, tras haber denunciado tanto en la administración pública como en empresa privada, han tenido que sufrir un calvario habiendo sido incluso denunciados por el propio delincuente.
Las regulaciones sobre esta materia varían de un país a otro y, por ello, el Parlamento Europeo y el Consejo presentaron una Propuesta de Directiva en 2018. Mientras que en países como Francia la ley detalla de forma clara y precisa todas las medidas que las empresas deben tomar para cumplir con esta materia, el Código Penal español nos lo indica con menor literalidad en su artículo 31 bis apartado 5 condiciones 4ª y 5ª:
Las empresas no serán penalmente responsables si, con anterioridad a la comisión del delito, se han aplicado “las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.
El Canal Denuncia es una herramienta que garantiza la protección de los denunciantes, de su identidad y la confidencialidad de los datos e informaciones suministradas.
Del mismo modo, estas medidas o políticas deben imponer “la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos” y, además, deben establecer “un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de estas medidas”. Por lo tanto, es indiscutible que el Código Penal no obliga literalmente a la empresas a tener un canal denuncia, pero establece que, llegado el momento, para poder acogerse a la exención de responsabilidad es indispensable haber dispuesto o disponer de uno. La licitud de este tipo de sistemas de información de denuncias internas queda recogido en el art.24 de la nueva LOPD GDD.
Pero no solo eso. También refuerza la protección de los denunciantes, de su identidad y la confidencialidad de los datos e informaciones suministradas, aunque no será hasta la aprobación de la Propuesta de Directiva por parte del Parlamento y Consejo Europeo cuando los denunciantes adquieran un alto grado de protección. Uno de los aspectos diferenciadores de esta propuesta tiene que ver con la seguridad jurídica. Esta garantiza que el denunciante es, en todo momento, plenamente consciente de sus derechos y responsabilidades. Esta Propuesta aún sigue en debate en el Consejo de Europa.
La Propuesta obliga a todas las empresas del sector financiero, independientemente de su tamaño, a instaurar un canal denuncia. Las demás solo estarán obligadas a disponer de uno cuando tengan más de 50 trabajadores con un volumen de negocio de al menos 10 millones de euros. Este es un gran avance que favorecerá la transparencia tanto en organismos privados como públicos, beneficiando así al interés público y a la sociedad en general.
El canal denuncia es un instrumento básico que ayuda a garantizar el buen gobierno dentro de las organizaciones y posiciona a los denunciantes como fuente crucial para el descubrimiento de actividades e informaciones sospechosas. El Eurobarómetro reveló que el 49% de los encuestados aseguraron no saber dónde acudir para denunciar la vulneración de una norma. Por eso, es muy importante que una vez se ha implantado, se informe debidamente de su puesta en marcha, de su funcionamiento y de la importancia de su utilización.
El miedo a las posibles represalias tras una denuncia, es el principal impedimento para que los conocedores de irregularidades denuncien. ¿Cómo podemos reducir estos temores? Evitando que personal no autorizado de la empresa tenga acceso al canal de denuncias. Esto se consigue mediante la externalización de este servicio. Un canal denuncia gestionado de forma confidencial y rigurosa por terceros favorece la indemnidad y confidencialidad. Por eso, empresas como Grupo ICA, han desarrollado una solución avanzada, adaptable a los requisitos concretos de cada organización, a través de la cual los denunciantes pueden, anónimamente, mandar sus informaciones en absoluta confidencialidad.
Cuando un organismo externo es el encargado de gestionar la denuncia de presuntas irregularidades, se impiden las represalias y sanciones intencionadas hacia el denunciante. Además, instaurar este medio de información de denuncias en cualquier organización genera un clima de confianza mayor, poniendo en relieve el compromiso activo de tu organización con las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa. La Propuesta de Directiva relativa al refuerzo de la protección de los denunciantes en la Unión Europea será aprobada de un momento a otro. No te quedes fuera de la legalidad.
